Implicaciones legales de los contratos autoejecutables
¿Que es?
Los contratos autoejecutables, o "smart contracts", tienen implicaciones legales importantes. Aunque se ejecutan automáticamente cuando se cumplen ciertas condiciones, su exigibilidad legal puede depender de la jurisdicción y de si cumplen con los requisitos legales básicos de un contrato.

Contratos inteligentes: ¿hacia una nueva era de la contratación?
Origen y concepto
Los contratos inteligentes no son una idea moderna, sino que ya se plantearon en los años 90 por el jurista, informático y criptógrafo Nick Szabo. Los definió como protocolos computacionales que ejecutan automáticamente los términos de un contrato para asegurar su cumplimiento, reduciendo conflictos y evitando la intervención judicial. La principal ventaja es que ofrecen una especie de autogestión del cumplimiento, aunque en sus inicios tenían limitaciones, como la dificultad de controlar activos físicos o la regulación legal en torno a los movimientos de activos. Sin embargo, con la aparición de las cadenas de bloques (blockchain) y plataformas como Ethereum, estos problemas se superaron. La blockchain permite gestionar activos digitalmente de forma segura, sin necesidad de regulación externa, y garantiza la confianza mediante el consenso distribuidos, haciendo posible la implementación práctica de los contratos inteligentes en la actualidad.

Características de los smart contracts
Naturaleza electrónica:
Los contratos inteligentes son acuerdos codificados en forma de software, lo que los hace de naturaleza principalmente digital y electrónicos. Aunque tienen similitudes con los contratos electrónicos tradicionales, se distinguen porque se autoejecutan automáticamente cuando se cumplen ciertas condiciones establecidas en su código.
Carácter autoejecutable:
La característica principal de los contratos inteligentes es su capacidad de ejecutarse automáticamente cuando se cumplen las condiciones programadas en el código. Este automatismo elimina la necesidad de intermediarios y aumenta la confianza en el cumplimiento, ya que el software verifica y realiza las acciones sin intervención humana, aunque no tengan "inteligencia" en sentido estricto.
Seguridad y eficiencia:
Gracias a su naturaleza automatizada y a la tecnología blockchain, los contratos inteligentes garantizan la seguridad y previenen manipulaciones, ya que los fondos asociados se transfieren automáticamente en función de los términos preestablecidos. También son eficientes porque no requieren intervención humana en su ejecución, lo que reduce costes y tiempo.
Naturaleza condicional:
Estos contratos funcionan en base a estructuras condicionales del tipo "si-entonces" ("if-then-else"), que determinan acciones o resultados según se cumplan ciertas condiciones. Por ejemplo, si Juan sufre un accidente, el seguro paga sus daños, siguiendo una lógica condicional clara y concreta.
Carácter no omnicomprensivo:
Los contratos inteligentes solo aplican en circunstancias objetivas y verificables, sin dejar espacio a interpretaciones subjetivas o conceptos jurídicos indeterminados. No pueden manejar cláusulas subjetivas como buena fe o negligencia, ya que su verificación requiere hechos claros y verificables, como un accidente confirmado.
Inmutabilidad:
Al estar almacenados en blockchain, los contratos inteligentes no pueden ser modificados una vez creados, lo que aporta seguridad y confianza. Sin embargo, esto también plantea dificultades para realizar cambios en los términos del contrato, ya que la inmutabilidad es una de sus características principales.
Los smart contracts desde una perspectiva jurídica: Los contratos legales inteligentes
Un contrato inteligente es, en esencia, un código informático que ejecuta automáticamente los términos de un acuerdo. Sin embargo, no debe considerarse en sí mismo como un contrato tradicional, es decir, un acuerdo de voluntades entre partes. La terminología de "contrato" puede generar confusión, ya que algunos ven estos como acuerdos que se autoejecutan al cumplirse ciertas condiciones, en lugar de un simple acuerdo legal de voluntades.
Desde el punto de vista técnico, los smart contracts son simplemente código que se almacena, verifica y ejecuta en una red blockchain, conocido como "smart contract code". Desde una perspectiva jurídica, sin negar su base tecnológica, estos contratos tienen efectos legales porque se diseñan con la intención de generar consecuencias jurídicas, y ese código actúa como la expresión escrita de un acuerdo que se ejecuta automáticamente.
Por lo tanto, los contratos inteligentes jurídicamente son acuerdos redactados en lenguaje de código que una sistema informático puede entender y ejecutar cuando se cumplen las condiciones estipuladas. En plataformas como Wix, esto se traduce en que ciertos procesos automatizados, como pagos o cambios en un sitio web, pueden ser controlados por estos contratos digitales que garantizan la ejecución automática y segura de las acciones pactadas.
Análisis jurídico de los contratos legales inteligentes
Los smart contracts se pueden entender desde dos perspectivas: la tecnológica, como código informático, y la legal, como un acuerdo que usa ese código para autoejecutarse y producir efectos jurídicos conocidos como "contrato legal inteligente". Desde una perspectiva legal, estos contratos tienen la misma validez que cualquier acuerdo vinculante, ya que la ley española, por ejemplo, reconoce la validez de los contratos en función de su contenido y consentimiento, no de su forma escrita tradicional.
Aunque no existen leyes específicas para los contratos inteligentes, estos se consideran una variante de los contratos electrónicos, que sí están regulados en España por la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSICE). Según esta ley, los contratos realizados por medios electrónicos son válidos siempre y cuando haya consentimiento y se cumplan los requisitos básicos del contrato (como objeto, causa y consentimiento).
En plataformas como Wix, esto implica que los procesos automatizados y contratos digitales, si cumplen estos requisitos, pueden tener plena validez jurídica, garantizando que las acciones acordadas, como pagos o cambios en una página, sean vinculantes y seguras.